Ofensiva contra la educación
pública
Educar en deudocracia
Cecilia Salazar-Alonso
El pago de una deuda
ilegítima que el pueblo del estado español no ha contraído ha abocado a una
dinámica austericida que amenaza a todos los servicios públicos. En el caso de
la educación, la crisis de la deuda está siendo la perfecta excusa, en la más
simple aplicación de la “doctrina del shock” para realizar una contrarevolución
que acabe con la educación pública o ya simplemente con la educación y que abra
las puertas de par en par a hacer de la educación un negocio enormemente
lucrativo.
Esta aniquilación de la
educación pública en todos los niveles se configura a través de distintas
estrategias:
1.
Abandono de lo público
Las administraciones
públicas de las últimas legislaturas, en colaboración con sus voceros en los
medios de comunicación, llevan realizando campañas de desprestigio de la
educación pública. En pleno debate sobre el Plan Bolonia, se habló de una
universidad caduca, con profesores apolillados, de espaldas a la realidad
social, de castas, de nepotismo, etc. Ahora, en previsión de la implantación de
la LOMCE, toca a la educación no universitaria. Se habla de violencia en las
aulas, de acoso escolar, se promulgó una ley de autoridad del profesorado en la
Comunidad de Madrid que regulaba el respeto a los profesores porque, y este es
el mensaje subliminal, no lo tenían. A raíz de las primeras protestas hablaron
de los privilegios de los funcionarios, se les tachó de vagos e ignorantes e
incluso el propio partido del actual gobierno llama a una “caza de brujas” que
les pone bajo sospecha de pervertir las mentes de niños y jóvenes...
Este ataque a la educación
pública no se limita a las campañas de imagen. La masificación de las aulas, la
retirada de apoyos educativos a alumnos con dificultades, no cubrir las bajas
por enfermedad hasta pasados 15 días, el aumento de horas lectivas, etc., se
presentan como efecto de las medidas austericidas a las que nos aboca el pago
de la deuda pero cumplen, además, otra función: sembrar el caos en la enseñanza
pública, retirar elementos imprescindibles para hacer frente a la enorme diversidad
que reúnen sus aulas, presentando la escuela privada, concertada o no, como la
única opción a los padres que quieran que sus hijos salgan adelante.
Pero hay otro exilio
“forzoso” hacia lo privado que se sustenta en la diferencia entre la demanda de
las familias y la oferta pública. En Educación infantil y en el grado superior
de FP es donde se produce un mayor incremento de los centros privados gracias a
la desproporción entre demanda y oferta. No hay oferta de centros públicos. Las
políticas de cesión de suelo a centros privados, la instauración de la zona
única de escolarización, el horario continuado en la etapa de primaria y el
incremento de los conciertos educativos, se combinan con la “fusión” (claro
eufemismo de “cierre”) de centros públicos, dando lugar a situaciones
verdaderamente insostenibles (especialmente dramáticas en ámbitos rurales) que
impulsan este trasvase hacia lo privado.
2.
Privatización interna de lo público
Pero la dinámica de la
privatización aspira a no dejar resquicio alguno a lo que hoy entendemos por
público, pretende penetrar en todos los ámbitos incluso en aquellos
considerados “no rentables”.
En ese sentido la
previsiblemente futura ley de educación que afecta a la enseñanza no
universitaria, la LOMCE, es paradigmática: En ella se elimina la función
decisoria de los consejos escolares que queda a cargo de un director nombrado
por la administración. La ampliación de las competencias del mismo en lo que se
refiere a selección de currícula, profesorado y alumnado introduce la lógica de
la empresa en el seno mismo de los centros públicos. Si a esto le sumamos una
campaña de expulsión de los profesores interinos en secundaria o la extinción
de ayudantes en las universidades, entendemos que se ha iniciado una dinámica
que dejará progresivamente fuera del sistema educativo a todos aquellos a los
que les queda algún derecho laboral que serán, en el mejor de los casos,
sustituidos por trabajadores en precario con apenas formación. Las aulas se
regirán, finalmente, por la lógica de la empresa: compitiendo con el resto de
escuelas a través del establecimiento de rankings que determinen su dotación o
evaluando al profesorado a través de su capacidad de sus intervenciones en
publicaciones previamente determinadas y evaluadas por un “comité de expertos”
que surgen del más oscuro anonimato.
3.
A los pies del mercado
Pero hay que ir más allá,
ofrecer las entrañas del sistema educativo a la ambición sin límite de los
mercados. La educación en su etapa obligatoria se convierte, a través de los
mecanismos que impone la LOMCE, en una suerte de departamento de selección de personal.
Esta ley prevé la instauración de evaluaciones externas que, efectuadas por
empresas privadas, serán finalmente las que determinen los contenidos
impartidos en clase (en base al diseño de las pruebas) y el nivel de formación
de los alumnos. La decisión, en suma, de qué, quién , cuántos y hasta cuándo
estudian vendrá determinada por agentes exteriores, que se convierten en
auténticos árbitros en un sistema educativo cuya única misión es determinar qué
y cuánta formación necesitan los futuros trabajadores para satisfacer las
necesidades del mercado.
Estas evaluaciones externas,
además, promueven un proceso de eugenesia escolar, expulsando a estudiantes del
sistema educativo y destinándolos a ser mano de obra barata en el mercado. Este
proceso, que se inicia ya en la etapa de educación infantil, culmina con una
práctica de darwinismo social a través del incremento de tasas en universidades
y centros de FP de grado superior, abiertamente abusivas que, unido a la
reducción significativa de becas, abocan a los estudiantes a una doble vía:
abandonar los estudios o endeudarse.
Pero no sólo se trata de
instaurar toda una carrera de obstáculos para, finalmente, alcanzar la
formación que demande el mercado laboral, sino también que sean los fondos
públicos los que subvencionen a las empresas privadas.
En el caso de la FP de grado
superior, ninguna instancia objetiva controla las prácticas (un 70% de la
formación del alumnado) que se realizan en las empresas. Esto, sumado a la
flexibilización de los programas educativos, acabará convirtiendo a los
estudiantes en trabajadores precarios cuyo coste es asumido en un 70% por la
administración pública.
La presencia de grandes
empresas en los Consejos de gobierno de las universidades públicas subraya el
carácter mercantilista de las universidades sometidas al Plan Bolonia, mediante
el que las grandes empresas podrán no sólo determinar el contenido de las
investigaciones sino sufragarlas con fondos públicos.
4.
Ideología contra pensamiento crítico
Pero la escuela es también
el lugar adecuado para conseguir hegemonía ideológica, de ahí que, frente a
asignaturas que posibiliten la creación de un pensamiento crítico que permita
intervenir en la sociedad como ciudadanos, entren en nuestras aulas, a través
de la LOMCE, materias como la religión y la educación financiera. En el primer
caso se trata de tributar por el indudable apoyo de la Conferencia Episcopal a
las políticas neocon del partido en el gobierno y volver a los valores
tradicionales de sumisión, resignación y aceptación acrítica de la situación.
La educación financiera, por otro lado, parte del presupuesto de la
insostenibilidad de un estado de bienestar y la necesidad de educar a los
jóvenes para que tomen las decisiones a las que hacer frente en su vida futura:
seguros médicos, planes de pensiones, etc. Sustituír, como hace la LOMCE, la
religión por la filosofía y la educación financiera por la economía da la
medida de por dónde van las cosas.
El régimen deudocrático, que
nos somete a la permanente tensión de pagar una deuda ilegítima e impagable,
choca frontalmente con los derechos sociales. Por eso hay que acabar con ellos.
Se acaba la educación pública, pero también de la sanidad pública, la justicia
entendida como derecho de todo ciudadano. Los frentes abiertos ante este golpe
de estado global de los ricos contra los pobres son innumerables: la lucha por
una vivienda digna, por el control público del agua, por el derecho de las
mujeres a decidir sobre su cuerpo, contra la aniquilación del medioambiente son
prioridades que tenemos que afrontar todos y todas juntas. La confluencia de
las luchas que defienden algo tan elemental como el derecho a vivir dignamente
es el único horizonte que nos queda para conseguirlo.
27/04/2013
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